Guía de las ayudas para hacer frente al coronavirus
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Guía de las ayudas para hacer frente al coronavirus

La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha obligado al Gobierno a tomar una serie de medidas económicas para intentar paliar los efectos del coronavirus que ha dejado más de 2.600 muertos en España. El Ejecutivo ya aprobó un real decreto-ley para hacer frente al impacto económico con ayudas para parados y préstamos para autónomos y pymes.

Vivienda                                                                              

Durante el próximo mes y durante el estado de alerta por el coronavirus, queda prohibido el corte de suministros de agua, luz o gas a hogares vulnerables. Además se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre el bono social para los beneficiarios pendientes de renovar la solicitud. El descuento en la factura eléctrica puede llegar al 40 %.

Hipotecas

Los trabajadores que se queden en paro o pierdan una parte sustancial de sus ingresos (al menos el 40 %) y los empresarios cuyas ventas se desplomen podrán aplazar el pago de sus hipotecas hasta el 3 de mayo. La moratoria sólo se aplica para la vivienda habitual.

Alquileres

El Gobierno no ha suspendido los alquileres porque algunos propietarios dejarían de percibir un ingreso necesario para su economía doméstica pero estudia medidas propuestas por Unidas Podemos. La secretaria de Estado de Transportes anunció el martes que “ni las estaciones ni los aeropuertos cobrarán el alquiler a los locales comerciales que no puedan prestar el servicio”.

Paro

Durante el periodo de alarma, el retraso en presentar una prestación por desempleo o una reanudación “no reducirá la duración del derecho a la prestación”. Si un autónomo quiere cobrar el paro tendrá que estar al corriente del pago de las cotizaciones o regularizarlas en el plazo de 30 días.

Autónomos

El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirma que “cualquier autónomo que haya visto interrumpida o reducida de forma intensa tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros.” Más de 50.000 autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria creada para este colectivo por la crisis del coronavirus.

ERTE

Las empresas tienen más fácil presentar un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) pero se comprometen a mantener el empleo seis meses después de retomar la actividad si han sido exoneradas de las cotizaciones sociales (de un 75 al 100 %). Las empresas de menos de 50 trabajadores no tendrán que pagar las cotizaciones.

Trabajo aceptará los ERTE presentados antes del real decreto de medidas económicas por una causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia. También podrán acogerse a estas condiciones los negocios con un sólo trabajador, siempre que su cierre se deba al coronavirus.

Reducción de jornada

La Seguridad Social compensará el pago de los salarios a los trabajadores que tengan que quedarse en casa o reducir su jornada para cuidar familiares. Una de las primeras medidas que ha perdido fuerza tras la avalancha de ERTEs en todo tipo de empresas.

Seguridad Social

Las empresas siguen obligadas a pagar a tiempo las cotizaciones sociales y deben dar de alta y de baja a los trabajadores en la Seguridad Social pese al estado de alarma y la saturación de los Servicios Públicos de Empleo..

Compras

Los plazos para devolver compras se interrumpen mientras dure el estado de alarma tanto para adquisiciones presenciales como por internet. Habitualmente los productos se pueden devolver en un mes. El plazo volverá a contar cuando termine el estado de alarma.

I+D+i

Frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, las instituciones públicas de ciencia, tecnología e innovación podrán establecer jornadas laborales extraordinarias. Estas horas extra se compensarán con el complemento de productividad o mediante gratificaciones.

El Ministerio de Ciencia concederá créditos extraordinarios al Instituto de Salud Carlos III para necesidades excepcionales (más de 25 millones de euros) y al CSIC (4,4 millones).

Más plazo para pagar impuestos

El plazo de los procedimientos tributarios ya iniciados se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir se alargan hasta el 20 de mayo. Los intereses de demora se seguirán devengando con los plazos ampliados, así que es conveniente pagar cuanto antes.

Problemas de liquidez

Ante la posibilidad de que algunas empresas tengan problemas de liquidez para efectuar los ingresos de determinadas autoliquidaciones, la Agencia Tributaria va a adaptar su operativa. Así las empresas que se acojan al mecanismo de liquidez que ofrece el decreto no recibirán apremios por impago de impuestos mientras no les llegue la línea de financiación.

Quiebras

Las empresas en quiebra no tienen la obligación de declararse en concurso de acreedores. Habrán de transcurrir dos meses desde que acabe estado de alarma para que los jueces puedan admitir a trámite estas solicitudes de concurso necesario. Alemana también ha tomado esta medida.

Juntas de accionistas

Las empresas cotizadas que tendrían que celebrar sus juntas de accionistas a finales de junio, dispondrán de cuatro meses más, hasta finales de octubre. Además, el Gobierno permite celebrarlas de forma telemática por el coronavirus, aunque no se contemple en los estatutos sociales de las compañías.

Obra pública

En el caso de que se paralicen los proyectos de obra pública por culpa de la pandemia, el concesionario “podrá restablecer el equilibrio económico mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato”.

Agricultores

Los agricultores que pidieron préstamos para afrontar la sequía de 2017 podrán pactar con los bancos un año de carencia y prolongar el periodo de amortización de los préstamos. El Ministerio de Agricultura asumirá el coste adicional de los avales. Las solicitudes se pueden presentar en los próximos cuatro meses.

Avales

El Gobierno aprobó el 24 de marzo la puesta en marcha de un primer tramo de avales de 20.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas por el Covid-19. La mitad de ese importe servirá para garantizar nuevos préstamos a pymes y autónomos.

Coste económico

El Gobierno estima en unos 5.000 millones de euros el gasto de las medidas adicionales al paquete de liquidez de 200.000 millones de euros,  117.000 millones públicos y el resto privados, que articula el real decreto. Es el caso de los ERTE y el resto de medidas no financieras.

Fuente rtve.es

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Abraham Pineda Morales

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